Sentencia A. 1906/25

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 1906 DE 2025

 

Referencia: expediente ICC-5206

 

Asunto: conflicto aparente de competencia en materia de tutela suscitado entre el Juzgado 030 Administrativo del Circuito de Medellín y la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín

 

Magistrado sustanciador:

Miguel Polo Rosero

 

Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto por el literal e) del artículo 5 de su reglamento interno, profiere el presente auto, respecto del asunto de la referencia, de acuerdo con los siguientes:

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 El 27 de octubre de 2025, el señor Juan Felipe Muñoz Mosquera presentó una acción de tutela contra la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, “SIC”) al estimar vulnerados sus derechos de petición, información y al debido proceso administrativo[1]. Para sustentar su solicitud, indicó que el 2 de octubre de 2025 formuló una denuncia ante la accionada y en contra de la entidad financiera BBVA COLOMBIA. Frente a lo anterior, el accionante reprochó que, para la fecha de presentación de la solicitud de amparo, la entidad accionada no había resuelto el trámite en cuestión. Al respecto, refirió que “[l]a denuncia presentada, si bien tiene como fin último una actuación administrativa sancionatoria, no deja de ser una Petición en interés particular, amparada por el Artículo 23 de la Constitución Política y regulada por la Ley Estatutaria 1755 de 2015”[2].

 

2.                 Con base en lo expuesto, el accionante solicitó que se amparen los derechos invocados y que, en consecuencia, se ordene a la SIC emitir una respuesta de fondo a la denuncia presentada el 2 de octubre de 2025, que se pronuncie de forma clara y motivada sobre todas las peticiones formuladas en su denuncia.

3.                 El 30 de octubre de 2025, el Juzgado 030 Administrativo del Circuito de Medellín, autoridad judicial a la que correspondió por reparto el asunto, declaró su falta de competencia para asumir el conocimiento del caso[3].  En respaldo de su decisión, citó el numeral 10 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, con sus modificaciones, según el cual “[l]as acciones de tutela dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al artículo 116 de la Constitución Política, serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial” y en ese sentido, estimó que, la solicitud de amparo se dirige “contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en razón a que, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, no ha resuelto la denuncia interpuesta por el accionante”[4]. Por tanto, remitió el expediente a los Tribunales Superiores de Medellín (reparto).

 

4.                 El 4 de noviembre de 2025, la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín se abstuvo de asumir el conocimiento de la solicitud de amparo formulada y, en su lugar, propuso un conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a esta Corporación[5]. Para el efecto, afirmó que el reproche planteado por el actor “gira en torno a las funciones sancionatorias administrativas de la Delegatura de Protección de Datos Personales, y no a las funciones jurisdiccionales de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales”[6]. Por lo cual, sostuvo que conforme a las reglas de reparto indicadas en el Decreto 1069 de 2015, le corresponde a los Juzgados del Circuito las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional.

 

5.                 En este punto se advierte que, al remitir el presente asunto a esta Corporación, la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín adjuntó igualmente el expediente de una acción de tutela interpuesta el 15 de octubre de 2025 por el señor Juan Felipe Muñoz Mosquera contra la SIC. Dicho trámite, cuyo contenido parece coincidir sustancialmente con el que ahora ocupa la atención de esta Sala, fue identificado con el número de radicado 05001310900320250021100 y correspondió en primera instancia al Juzgado 003 Penal del Circuito de Medellín, autoridad que profirió fallo de tutela el 27 de octubre del mismo año[7].

 

6.                 El 5 de noviembre de 2025, la Secretaría General de la Corte radicó el expediente. El asunto fue repartido al magistrado sustanciador el 13 de noviembre de 2025, y enviado al despacho al día siguiente.

 

 

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

7.                 La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[8]. Asimismo, se ha explicado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[9] y, en consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite o en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen al amparo constitucional, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de los derechos fundamentales^[10], tal y como lo precisó la Sala Plena en el Auto 550 de 2018.

 

8.                 En la presente oportunidad, este Tribunal está facultado para resolver el conflicto de la referencia, porque las autoridades judiciales involucradas en la controversia, pese a integrar funcionalmente la Jurisdicción Constitucional, desde una perspectiva orgánica, carecen de una autoridad designada por la Ley 270 de 1996 que esté facultada para solucionar la colisión suscitada.

 

9.                 De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 8 transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes, “a prevención”, los jueces con competencia territorial en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos^[11]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito, de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, y (b) de las providencias adoptadas por las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz, en virtud del artículo 8 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017; y (iii) el factor funcional, que opera para asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente puede conocer de ella, las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”^[12], en los términos establecidos en el artículo 32 del citado Decreto 2591 de 1991.

 

10.            Ahora bien, según la jurisprudencia pacífica de esta Corte, las normas contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017, 333 de 2021 y 799 de 2025, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho de acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia[13].

 

11.            En este orden de ideas, la aplicación o interpretación de las reglas de reparto no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. En lugar de ello, en estos casos, el juez debe tramitar la acción o decidir la impugnación, según el asunto puesto a su conocimiento[14]. En línea con lo anterior, la Corte ha señalado que en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar, con el fin de que la acción sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales[15].

 

III.           CASO CONCRETO

 

12.            De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

(i)          Se configuró un conflicto aparente de competencia, pues el Juzgado 030 Administrativo del Circuito de Medellín se apartó del conocimiento de la solicitud de tutela presentada por el señor Juan Felipe Muñoz Mosquera, con sustento en reglas de reparto, a pesar de que ellas no desplazan su competencia para resolver la acción constitucional. A su turno, la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, se abstuvo de asumir el conocimiento del asunto y trabó la controversia sub examine con base en las citadas reglas.

 

(ii)        De esta manera, a partir de los criterios fijados en la jurisprudencia de esta Corporación, la Sala Plena considera que le corresponde al Juzgado 030 Administrativo del Circuito de Medellín decidir la acción de tutela en cuestión, en tanto fue la primera autoridad judicial en conflicto a la que se le asignó el conocimiento de la solicitud de amparo.

 

(iii)     Con base en lo expuesto, y por existir una actuación contraria al orden jurídico, la Corte dejará sin efectos el auto del 30 de octubre de 2025 proferido por el Juzgado 030 Administrativo del Circuito de Medellín, mediante el cual se abstuvo de asumir el conocimiento de la acción de tutela impetrada por la parte accionante, toda vez que se desconoció la jurisprudencia constitucional sobre la materia, el contenido explícito del parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 y se afectó la celeridad con que debe surtirse el trámite de esta acción constitucional. De igual manera, se ordenará que se le remita por Secretaría el expediente de la referencia para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar. En dicho expediente, la referida autoridad encontrará la carpeta que contiene los documentos que integran el trámite de tutela identificado con el número de radicado 05001310900320250021100 para los fines que estime pertinentes.

 

(iv)      En consecuencia, se advertirá al Juzgado 030 Administrativo del Circuito de Medellín que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su falta de competencia con base en las reglas de reparto en tanto ello desconoce el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional. Asimismo, dicha advertencia se extenderá a la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín comoquiera que dicha autoridad también se abstuvo de avocar el conocimiento del asunto y trabó la presente controversia con base en reglas de reparto.

 

IV.            DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 30 de octubre de 2025 por el Juzgado 030 Administrativo del Circuito de Medellín, en el proceso de tutela promovido por el señor Juan Felipe Muñoz Mosquera contra la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

SEGUNDO: REMITIR el expediente ICC-5206 al Juzgado 030 Administrativo del Circuito de Medellín para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.

 

TERCERO: ADVERTIR al Juzgado 030 Administrativo del Circuito de Medellín y a la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín que, en lo sucesivo, se abstengan de declarar su incompetencia con base en las reglas de reparto, en tanto ello desconoce el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.

 

CUARTO: Por la Secretaría General de esta Corporación, COMUNICAR la presente decisión a la parte accionante, al Juzgado 030 Administrativo del Circuito de Medellín y a la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

Ausente con permiso

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

Ausente con comisión

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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